/… JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ: EL POLÍTICO QUE SUPO TRANSITAR ENTRE DOS OAXACAS

Fue alcalde, secretario de Gobierno en momentos distintos, diputado federal dos veces, gobernador de Oaxaca, operador político, opositor y protagonista de la primera alternancia del estado. Atravesó el largo dominio priista, rompió con el partido donde había construido buena parte de su carrera y regresó años después al poder desde una coalición que había derrotado al PRI. Pero detrás de los cargos permaneció un político de conversación serena, inteligencia práctica y maneras que parecían pertenecer a otra forma de ejercer el oficio. Su muerte, este 21 de agosto de 2026, cierra una trayectoria que permite recorrer casi medio siglo de la historia política de Oaxaca.

​

ANTES DEL PODER ESTUVO OAXACA

El muchacho que comenzó haciendo cuentas

Antes de que su nombre apareciera en las boletas electorales, en las puertas de las oficinas de gobierno o en la lista de quienes alguna vez condujeron Oaxaca, Jesús Emilio Martínez Álvarez conoció una vida bastante más sencilla: la del muchacho que necesitaba trabajar mientras construía su propio camino. Nació el 18 de septiembre de 1944 en Oaxaca y perteneció a una generación que creció viendo un país todavía acomodándose después de las grandes sacudidas revolucionarias, cuando el poder político comenzaba a institucionalizarse y el PRI se convertía, mucho más que en un partido, en la gran estructura alrededor de la cual terminaría organizándose durante décadas la vida pública mexicana.

Estudió Contaduría Pública en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pero su formación no transcurrió únicamente entre aulas, libros y ejercicios contables. Trabajó desde joven. En sus propios recuerdos aparece incluso aquella etapa como cobrador, recorriendo lugares, buscando clientes y aprendiendo algo que probablemente ninguna universidad podía enseñarle: mirar a las personas a los ojos, escuchar explicaciones, distinguir entre una negativa definitiva y una puerta que todavía podía abrirse. Después llegaron las prácticas profesionales en despachos de contabilidad y finalmente la decisión de establecer el suyo. Mucho antes de aprender a negociar conflictos políticos, había aprendido a ordenar números, revisar documentos y vivir de una profesión que exige paciencia antes que estridencia.

Entre aquellos primeros clientes apareció un apellido que muchos años después regresaría de manera sorprendente a su vida. Nicolás Monteagudo, abuelo de Gabino Cué, recurrió a los servicios profesionales del joven contador. En ese momento era imposible imaginar que aquella relación temprana terminaría formando parte de una historia política que atravesaría generaciones. Décadas más tarde, Gabino trabajaría cerca de Martínez Álvarez en la Ciudad de México; después se convertiría en gobernador de Oaxaca y finalmente lo llamaría para participar en el primer gobierno estatal surgido de la alternancia. La política suele construir coincidencias que sólo adquieren sentido cuando se observan desde el final del camino.

Pero entonces nada de aquello existía. Estaba el contador, su despacho y una ciudad donde las relaciones personales todavía constituían una parte fundamental de la vida profesional. Martínez Álvarez fue construyendo una reputación desde ese territorio discreto. No apareció de pronto en la política convertido en dirigente. Antes existió una etapa de trabajo profesional que ayuda a entender algunos rasgos que conservaría después: el cuidado de las formas, la capacidad para escuchar y una manera de relacionarse que privilegiaba la conversación sobre el estruendo.

​

Aprender el gobierno desde abajo

Su entrada al servicio público tampoco ocurrió desde la cúspide. Antes de sentarse en las oficinas donde se tomaban las grandes decisiones pasó por espacios administrativos que le permitieron conocer al gobierno desde sus engranes cotidianos. Fue recaudador de Rentas y posteriormente subtesorero general del estado. Puede parecer una escala menor cuando se observa desde una trayectoria que terminaría incluyendo una gubernatura, dos diputaciones federales y dos momentos distintos en la Secretaría General de Gobierno, pero probablemente fue allí donde comenzó a conocer algo mucho más importante que los cargos: cómo funcionaba realmente Oaxaca.

Porque gobernar Oaxaca nunca ha significado únicamente administrar una capital. Significa comprender un territorio atravesado por regiones profundamente distintas, municipios con historias propias, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, disputas agrarias, sindicatos, comerciantes y poderes locales que muchas veces mantienen una relación con el gobierno estatal mucho más compleja de lo que puede advertirse desde un escritorio. Los recursos públicos, la recaudación y las oficinas hacendarias terminaban siendo también ventanas hacia aquella realidad.

Eran los años del predominio priista. El partido gobernaba prácticamente todos los espacios institucionales importantes y las fronteras entre administración, política y estructura partidista resultaban mucho menos nítidas que en el México actual. Para un joven funcionario, aprender el gobierno significaba inevitablemente aprender también las reglas de aquel sistema: quién hablaba con quién, cómo se construían los acuerdos, dónde comenzaban los conflictos y qué actores podían resolverlos antes de que llegaran a convertirse en crisis.

Martínez Álvarez comenzó a ascender dentro de esa estructura sin construir alrededor de sí la imagen del político arrebatado. Con el tiempo, esa característica se volvería una constante de su trayectoria. No sería un hombre recordado por los golpes sobre la mesa ni por las declaraciones explosivas. Su instrumento principal sería otro: sentarse, escuchar, calcular posibilidades y buscar una salida. No siempre tendría éxito y tampoco atravesaría medio siglo de política sin contradicciones, pero aquel estilo comenzaba a formarse mucho antes de que alcanzara los grandes cargos.

La siguiente prueba ya no tendría que ver solamente con números ni expedientes. Tendría una ciudad completa frente a él.

​

La ciudad que puso a prueba al político

En 1978 Jesús Martínez Álvarez llegó a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Tenía treinta y tres años. El contador que había comenzado trabajando desde abajo se encontraba ahora frente a una responsabilidad donde cada decisión adquiría inmediatamente rostro, calle y consecuencia. Una ciudad no puede gobernarse desde la abstracción: la basura se ve, el tránsito se padece, el comercio ocupa las banquetas y cualquier intento de modificar hábitos arraigados encuentra resistencias antes de producir resultados.

Uno de los asuntos que marcaron aquella administración fue precisamente el ordenamiento del espacio urbano. El centro de Oaxaca acumulaba vendedores ambulantes, anuncios, marquesinas y ocupaciones que modificaban progresivamente su fisonomía. Martínez Álvarez decidió intervenir. El retiro y reordenamiento del comercio en la vía pública significó enfrentarse a intereses concretos y asumir el costo político que inevitablemente acompaña cualquier intento por recuperar espacios ocupados durante años. También emprendió acciones para retirar anuncios y estructuras que alteraban la imagen de una ciudad cuyo patrimonio histórico exigía una atención que entonces todavía no tenía la dimensión internacional que alcanzaría después.

Aquella presidencia municipal permite observar por primera vez con claridad al personaje que aparecería en las siguientes décadas. No porque todo lo realizado hubiera sido indiscutible ni porque debamos convertir su administración en una colección de aciertos. Lo interesante está en otro sitio: muy joven, Martínez Álvarez comenzó a descubrir que ejercer autoridad significa inevitablemente incomodar a alguien y que la diferencia entre imponer y gobernar se encuentra muchas veces en la manera de administrar el conflicto posterior.

Cuando dejó la presidencia municipal en 1980 ya no era únicamente un contador que había ingresado a la administración pública. Había gobernado la capital del estado y conocía directamente el peso de tomar decisiones que afectaban intereses económicos, organizaciones y ciudadanos. Había aprendido también que Oaxaca difícilmente acepta soluciones construidas sin interlocución.

El siguiente paso lo llevaría mucho más cerca del corazón del poder estatal. Ya no tendría enfrente solamente los problemas de una ciudad. Desde la Secretaría General de Gobierno comenzarían a llegar a su escritorio los conflictos de un estado entero: disputas municipales, problemas agrarios, organizaciones sociales, movimientos políticos y un Istmo de Tehuantepec donde comenzaba a escribirse una de las historias opositoras más importantes del México de aquellos años.

Ahí terminaría definitivamente el aprendizaje administrativo.

Y comenzaría el político.

EL HOMBRE QUE APRENDIÓ A NEGOCIAR OAXACA

La Secretaría donde llegaban todos los conflictos

Oaxaca comenzó a revelársele de otra manera cuando Jesús Martínez Álvarez cruzó las puertas de la Secretaría General de Gobierno. Hasta entonces había conocido los números de la administración, los mecanismos de la hacienda pública y la responsabilidad inmediata de gobernar la capital. Ahora iba a encontrarse con algo que ningún escritorio podía ordenar por completo: un estado donde detrás de cada conflicto había una historia y, muchas veces, detrás de esa historia permanecía otra todavía más antigua.

Pedro Vázquez Colmenares había asumido la gubernatura en diciembre de 1980. Martínez Álvarez entró a su gobierno en una posición desde la cual podía observar Oaxaca prácticamente sin filtros. A su oficina llegaban disputas municipales, organizaciones campesinas, diferencias por la tierra, inconformidades sindicales, problemas de transporte, elecciones cuestionadas, comunidades enfrentadas y dirigentes que viajaban durante horas para buscar una salida a aquello que en sus lugares de origen llevaba semanas, meses o incluso años acumulándose.

La política dejó entonces de parecerse a un organigrama. Oaxaca tenía demasiadas voces para gobernarse mediante una sola fórmula. Lo que funcionaba en los Valles Centrales podía resultar inútil en el Istmo; las razones de una comunidad de la Mixteca podían no parecerse en nada a las de la Costa; una línea apenas perceptible sobre un mapa podía representar para dos pueblos la tierra heredada de sus mayores y convertirse en una disputa transmitida durante generaciones. Antes de intentar resolver un problema había que descubrir todo lo que se escondía detrás de él.

Era también el Oaxaca del PRI dominante. El partido gobernaba el estado, controlaba prácticamente todos los espacios institucionales importantes y formaba parte de un sistema nacional donde la competencia electoral todavía ocurría en condiciones muy diferentes de las actuales. Martínez Álvarez pertenecía a ese mundo político. Se había formado dentro de él, ejercía responsabilidades desde él y no tendría sentido atribuirle entonces convicciones opositoras que llegarían muchos años después. Pero justamente desde una de las oficinas centrales de aquel régimen comenzó a presenciar señales de que la sociedad oaxaqueña estaba cambiando con mayor rapidez de la que las estructuras tradicionales alcanzaban a reconocer.

La prueba más difícil apareció en el Istmo de Tehuantepec.

​

Juchitán ya anunciaba otro país

Juchitán no necesitaba aprender a discutir con el poder. Su historia, su identidad zapoteca y una arraigada tradición de organización habían construido una sociedad particularmente celosa de su autonomía política. Allí había crecido durante los años setenta la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, la COCEI, que consiguió reunir inconformidades agrarias, demandas populares, estudiantes, trabajadores y liderazgos locales alrededor de un movimiento con capacidad real para disputar el gobierno municipal.

En 1981 llegó el acontecimiento que sacudió el tablero político oaxaqueño. La alianza de la COCEI con el Partido Comunista Mexicano conquistó el Ayuntamiento de Juchitán y Leopoldo de Gyves de la Cruz encabezó aquella experiencia. En el México de principios de los ochenta, cuando buena parte del mapa político parecía pintado permanentemente con los mismos colores, aquello era mucho más que la victoria de una oposición municipal. Demostraba que una organización construida desde abajo podía disputar territorio, ganar una elección y ejercer el poder frente a un partido que llevaba décadas acostumbrado a gobernar.

La convivencia comenzó pronto a deteriorarse. El ayuntamiento coceísta, el gobierno estatal y las autoridades federales fueron acumulando diferencias hasta entrar en una confrontación cada vez más difícil de contener. Hubo movilizaciones, acusaciones, choques, detenciones y denuncias de actuaciones policiacas que endurecieron todavía más los ánimos. En agosto de 1983, el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición de poderes municipales y puso fin a aquella primera administración encabezada por la COCEI.

Martínez Álvarez estaba colocado en una posición central de esa crisis. Como secretario general de Gobierno tenía responsabilidades directas en la conducción política del estado y, de acuerdo con el modelo vigente entonces, presidía también la Comisión Estatal Electoral. No era un observador de lo que ocurría en Juchitán. Formaba parte del gobierno que enfrentaba aquella oposición y de una estructura política que todavía reunía funciones que décadas después serían separadas precisamente para construir autoridades electorales autónomas.

Sería injusto reducir aquellos acontecimientos a un enfrentamiento personal y también lo sería borrar las responsabilidades institucionales de quienes ejercían el poder. Juchitán vivió años duros. La oposición denunció represión y arbitrariedades; el gobierno enfrentaba a una organización con enorme capacidad de movilización que tampoco estaba dispuesta a retroceder. La política había dejado de transcurrir únicamente en oficinas y elecciones controladas: estaba en las calles, en las plazas y en una sociedad que defendía con enorme intensidad su derecho a decidir.

La desaparición del ayuntamiento no destruyó a la COCEI. Ésa quizá fue la lección más importante. El poder podía intervenir un gobierno municipal, pero no podía desaparecer las razones sociales que habían permitido a aquella organización crecer. Juchitán seguiría siendo durante años un territorio de competencia y resistencia, y la oposición volvería a gobernarlo.

En aquellas jornadas comenzaba a anunciarse un México que tardaría todavía mucho tiempo en llegar al resto del país. La alternancia no era aún una costumbre democrática; perder una elección seguía siendo una experiencia excepcional para el partido gobernante. Pero en el Istmo ya había ciudadanos que habían descubierto que el poder podía cambiar de manos.

Martínez Álvarez conoció aquella transformación desde el lado más incómodo: el de quien debía administrar una realidad que ya no obedecía completamente a las reglas con las que había sido construido el sistema.

​

Entre la disciplina y el acuerdo

Los años en la Secretaría General de Gobierno fueron convirtiendo la política en algo menos abstracto para Martínez Álvarez. Un conflicto dejaba de ser una carpeta cuando enfrente aparecían quienes llevaban horas viajando para explicar por qué dos comunidades reclamaban la misma tierra. Una elección dejaba de ser una cifra cuando el resultado dividía un municipio. Y una protesta adquiría otra dimensión cuando detrás de las consignas comenzaban a aparecer historias de abandono, intereses económicos, liderazgos regionales y agravios acumulados.

Ahí fue construyendo una manera de ejercer el oficio que lo acompañaría durante buena parte de su vida. No era un político de exabruptos. Su fortaleza estaba más cerca de la conversación, del conocimiento del interlocutor y de la paciencia necesaria para encontrar el punto donde dos posiciones aparentemente irreconciliables podían comenzar a acercarse. Eso no significa convertirlo en un negociador infalible. Juchitán basta para demostrar que hubo conflictos que terminaron desbordando cualquier posibilidad de entendimiento. Significa algo más sencillo: su primera herramienta política no parecía ser el estruendo.

Durante aquellos años también conoció los límites del sistema al que pertenecía. El PRI continuaba siendo una maquinaria formidable, pero debajo de esa fortaleza comenzaban a crecer oposiciones regionales, organizaciones independientes y ciudadanos menos dispuestos a aceptar que todas las decisiones importantes fueran tomadas desde el mismo lugar. Todavía faltaban años para que México conociera una verdadera competencia nacional por la Presidencia y casi dos décadas para que Oaxaca experimentara su primera alternancia estatal, pero algunas señales ya estaban ahí.

En 1985 Martínez Álvarez dejó la Secretaría. El PRI lo postuló como candidato a diputado federal por el III Distrito de Oaxaca y ganó la elección. Después de haber sido alcalde y de pasar prácticamente todo el gobierno de Vázquez Colmenares atendiendo los asuntos políticos del estado, San Lázaro parecía abrirle una etapa diferente. Llegó a la LIII Legislatura con una experiencia estatal considerable y con la posibilidad de comenzar a construir una presencia en la política nacional.

Pero aquella diputación tendría una duración inesperadamente breve.

Mientras comenzaba a ocupar su lugar en la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez Colmenares se preparaba para dejar anticipadamente la gubernatura de Oaxaca. La sucesión no podía esperar al calendario electoral siguiente. Había que encontrar a quien condujera el estado durante los meses restantes y entregara el gobierno al próximo mandatario constitucional.

Entonces la mirada volvió hacia el hombre que acababa de marcharse.

Jesús Martínez Álvarez había pasado años sentado cerca del gobernador, recibiendo problemas, buscando acuerdos y recorriendo los laberintos de la política oaxaqueña. Ahora tendría que regresar para ocupar el lugar desde donde se tomaba la última decisión.

La curul apenas comenzaba.

La gubernatura ya lo estaba esperando.

EL DIPUTADO QUE REGRESÓ A OAXACA COMO GOBERNADOR

Una curul que duró apenas unos meses

Jesús Martínez Álvarez llegó a San Lázaro en 1985 llevando Oaxaca todavía demasiado cerca. Había dejado la Secretaría General de Gobierno después de casi cinco años de conocer conflictos, recorrer equilibrios y aprender que en su estado las soluciones rara vez podían construirse con una sola pieza. El PRI lo postuló por el III Distrito Electoral Federal, con cabecera en Oaxaca, ganó la elección y comenzó la LIII Legislatura con la posibilidad de abrir una etapa diferente en su carrera.

Tenía cuarenta y un años.

No llegaba como un político improvisado ni como uno de aquellos diputados cuya primera responsabilidad pública importante era precisamente la curul. Había sido presidente municipal de Oaxaca de Juárez, había pasado por la administración financiera estatal y venía de ocupar una de las posiciones más sensibles del gabinete de Pedro Vázquez Colmenares. Conocía el gobierno desde dentro y había vivido suficientemente cerca del gobernador como para comprender que el poder tenía una cara distinta cuando las decisiones dejaban de aconsejarse y comenzaban a asumirse.

San Lázaro podía convertirse en el espacio para ampliar sus horizontes. México estaba gobernado por Miguel de la Madrid y atravesaba años particularmente difíciles: la crisis económica seguía golpeando a las familias, el terremoto de septiembre de 1985 había sacudido a la capital y también había exhibido una sociedad capaz de organizarse al margen de las estructuras oficiales. El país comenzaba a moverse de maneras que todavía no alcanzaban a modificar completamente el sistema político, pero que anunciaban transformaciones más profundas.

Martínez Álvarez apenas comenzaba a acomodarse en esa nueva dimensión cuando Oaxaca volvió a atravesarse en su camino.

El 30 de octubre todavía formó parte de la representación de diputados federales invitada al quinto informe de Pedro Vázquez Colmenares. Nada hacía pensar públicamente que apenas un mes después los dos hombres ocuparían lugares completamente distintos.

Noviembre cambió la historia.

​

Cuando el destino cambió en San Lázaro

Pedro Vázquez Colmenares decidió separarse anticipadamente de la gubernatura. Su periodo constitucional debía concluir en 1986, pero recibió una responsabilidad dentro del gobierno federal y solicitó licencia para abandonar el Ejecutivo oaxaqueño. El Congreso local tuvo entonces que resolver quién terminaría el periodo.

La decisión recayó en Jesús Martínez Álvarez.

Hay algo extraordinario en la velocidad con que ocurrió todo. El hombre que durante años había acompañado la conducción política del estado se había marchado apenas unos meses antes para convertirse en legislador federal. De pronto, Oaxaca lo llamaba de regreso, pero ya no para recibir instrucciones del gobernador ni para operar desde la Secretaría General de Gobierno. Ahora sería él quien tendría que ocupar el despacho principal.

El 29 de noviembre de 1985 comunicó a la Cámara de Diputados que la Legislatura oaxaqueña lo había designado gobernador interino y solicitó licencia para separarse de su curul. La denominación importa porque fue la utilizada por el propio Martínez Álvarez al informar oficialmente a San Lázaro sobre su designación. Un día después, el 30 de noviembre, tomó posesión.

Su primera diputación federal había durado apenas unos meses.

La gubernatura tampoco sería larga. Desde el instante en que recibió el cargo sabía que el calendario no estaba de su lado. No llegaba a inaugurar un sexenio ni a presentar un proyecto concebido para seis años. Llegaba para concluir el periodo iniciado por otro gobernador y entregar el poder el 30 de noviembre de 1986.

Aquello producía una condición política peculiar. Tenía todas las responsabilidades constitucionales de un gobernador, pero apenas doce meses para ejercerlas. Recibía una administración construida por Vázquez Colmenares, un presupuesto en marcha, compromisos previamente adquiridos y conflictos que no habían pedido permiso para esperar al siguiente gobierno.

Y uno de ellos estalló prácticamente al mismo tiempo que tomaba posesión.

En Temazcal, aquel mismo 30 de noviembre, se produjeron acontecimientos graves que involucraron al diputado federal Pablo Ventura. Hubo detención, acusaciones sobre una posible violación de su fuero constitucional y una discusión que llegó pocos días después hasta la Cámara de Diputados. Martínez Álvarez apenas estaba entrando al gobierno cuando tuvo que intervenir en una crisis que amenazaba con escalar desde Oaxaca hasta San Lázaro.

No hubo luna de miel.

La gubernatura comenzó con el conflicto tocando la puerta.

​

Gobernar mientras el reloj ya estaba corriendo

Un año puede ser mucho tiempo cuando se espera y muy poco cuando se gobierna. Martínez Álvarez recibió Oaxaca sabiendo que cada semana consumía una parte considerable de su mandato. No podía comportarse como un gobernador recién electo que dispone de meses para integrar un proyecto, reorganizar el gabinete y esperar los resultados. Tampoco podía limitarse a cuidar la oficina hasta la entrega. El estado seguía exigiendo decisiones.

Y Juchitán seguía ahí.

La historia que había conocido desde la Secretaría General de Gobierno regresó durante su gubernatura con una nueva vuelta. La COCEI continuaba siendo una fuerza política imposible de borrar del Istmo. Las elecciones municipales de 1986 volvieron a colocar frente a frente al PRI y a la oposición juchiteca. Las acusaciones y la desconfianza amenazaban con devolver al municipio a una confrontación semejante a la que había marcado los años anteriores.

Esta vez Martínez Álvarez buscó otra puerta.

La salida terminó siendo la integración de un concejo municipal en el que pudieron convivir representantes de fuerzas que hasta entonces se habían enfrentado con enorme dureza. No significaba que las diferencias hubieran desaparecido ni que Juchitán hubiera encontrado repentinamente la tranquilidad. Significaba algo políticamente importante: después de años de choque, el gobierno aceptaba que la oposición tenía una presencia que debía incorporarse a la solución.

Quizá ahí puede verse con mayor claridad cuánto había aprendido Martínez Álvarez desde la crisis de 1983. El mismo conflicto que anteriormente había terminado en la desaparición de poderes encontraba ahora un intento de convivencia institucional. No era la rendición del PRI ni la victoria definitiva de la COCEI. Era el reconocimiento de una realidad: ninguno podía hacer desaparecer al otro.

Mientras atendía esos problemas, otra sucesión avanzaba inexorablemente. El PRI ya preparaba la elección del gobernador que sí tendría un periodo completo. Heladio Ramírez López, político de origen mixteco con una larga trayectoria en las organizaciones campesinas priistas, se convirtió en candidato y posteriormente ganó la gubernatura.

Para Martínez Álvarez existía una paradoja difícil de ignorar. Había alcanzado el cargo más importante de su estado, pero hacerlo durante el último año de un periodo constitucional modificaba inevitablemente su propio horizonte político. La gubernatura que podía representar la culminación de una carrera se convertía, al mismo tiempo, en una estación breve.

Alrededor de aquella designación sobrevivirían durante años interpretaciones sobre las razones políticas que la hicieron posible y sobre si aceptar el gobierno terminó cerrándole la posibilidad de competir por un sexenio propio. Algunas versiones sostendrían que precisamente ahí estuvo la jugada: llevarlo al Ejecutivo durante unos meses para apartarlo de la sucesión ordinaria. Convertir esa interpretación en certeza sería ir demasiado lejos. Lo comprobable es más interesante que la especulación: Martínez Álvarez llegó a la gubernatura cuando la candidatura para el periodo siguiente se resolvía dentro de un sistema donde las decisiones nacionales del PRI pesaban enormemente, y quien terminó gobernando los siguientes seis años fue Heladio Ramírez.

El 30 de noviembre de 1986 terminó el encargo.

Exactamente un año después de haber tomado posesión, Jesús Martínez Álvarez entregó el gobierno. Había llegado desde una curul que apenas comenzaba y se marchaba después de conducir durante doce meses un estado que conocía desde muchos ángulos, pero que sólo entonces había observado desde la responsabilidad última.

No tuvo tiempo para construir una época alrededor de su nombre. Su paso por la gubernatura fue demasiado breve para eso. Pero tampoco fue simplemente un administrador encargado de esperar al siguiente mandatario. Le correspondió contener conflictos, enfrentar una sucesión, buscar una salida distinta para Juchitán y conducir el cierre de una administración que no había comenzado con él.

Después vino algo que quizá entonces parecía improbable.

El hombre que había sido alcalde, secretario de Gobierno, diputado federal y gobernador antes de cumplir cuarenta y tres años comenzó a alejarse del centro político de Oaxaca.

Su siguiente aprendizaje ocurriría en otro escenario.

En la Ciudad de México encontraría a Manuel Camacho Solís, conocería desde dentro una de las experiencias políticas más interesantes de aquellos años y volvería a cruzarse con una familia cuyo apellido había aparecido cuando todavía era un joven contador.

Allí entraría nuevamente en su vida Gabino Cué.

Y mucho después, ese encuentro terminaría llevándolo otra vez a Oaxaca.

CUANDO OAXACA LE QUEDÓ LEJOS, PERO NUNCA ATRÁS

La capital donde el poder se negociaba todos los días

Después de entregar la gubernatura, Jesús Martínez Álvarez tuvo que aprender una circunstancia poco frecuente en la política: haber llegado muy pronto a la cima y descubrir que todavía quedaban muchos años por delante. A los cuarenta y dos años ya había sido presidente municipal de Oaxaca, secretario general de Gobierno, diputado federal y gobernador. Podía mirar hacia atrás y encontrar casi completa la biografía que otros habrían necesitado una vida para construir. Lo difícil era responder qué seguía después.

La respuesta apareció lejos de Oaxaca.

En 1988 llegó a la Delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal. No era un territorio menor ni tranquilo. Allí convivían barrios populares, mercados, terminales, comercio callejero, grandes avenidas, las inmediaciones del aeropuerto y una porción de esa ciudad oriental donde la vida comenzaba antes del amanecer. Martínez Álvarez cambió de paisaje, pero volvió a encontrarse con algo conocido: gobernar significaba entrar inevitablemente en el territorio de los intereses.

El Distrito Federal de finales de los ochenta tampoco era la ciudad disciplinada por las estructuras políticas de décadas anteriores. El terremoto de 1985 había dejado algo más profundo que edificios derrumbados: una ciudadanía que había descubierto su propia capacidad de organizarse. Asociaciones vecinales, comerciantes, colonos, damnificados y movimientos urbanos habían adquirido una voz que ya no esperaba dócilmente instrucciones del gobierno. A ello se sumaba una capital inmensa donde el ambulantaje, el transporte, la vivienda, la seguridad y los servicios públicos convertían cualquier decisión administrativa en un problema político.

Venustiano Carranza fue su primera escala entre 1988 y 1989. Después vino una responsabilidad que merece detenerse porque allí la negociación adquirió una dimensión diferente: la administración de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.

Ruta 100 era mucho más que una empresa de autobuses. Era uno de los organismos públicos más grandes y políticamente sensibles de la capital, con miles de trabajadores, una organización sindical poderosa, enormes necesidades financieras y una operación cotidiana de la que dependían millones de desplazamientos. Allí no había comunidades agrarias ni disputas municipales como las que Martínez Álvarez había conocido en Oaxaca, pero existía otra clase de territorio: talleres, rutas, costos, sindicatos, usuarios y una maquinaria que tenía que funcionar cada mañana independientemente de las tensiones políticas que ocurrieran en su interior.

Aquella escala ayuda a comprender mejor su ascenso posterior. No pasó de una delegación directamente a convertirse en responsable político de toda la capital. Hubo en medio una experiencia administrativa y laboral de enorme complejidad que volvió a colocar frente a él la necesidad de conciliar autoridad, operación y negociación.

Manuel Camacho Solís observaba esa manera de trabajar.

Y terminó llevándolo más cerca.

Camacho y el laboratorio del poder

Manuel Camacho no entendía la política como una simple sucesión de órdenes. Había llegado a la jefatura del Departamento del Distrito Federal en diciembre de 1988 convertido en una de las figuras más importantes del grupo de Carlos Salinas de Gortari. Tenía ambiciones nacionales, una extraordinaria capacidad de operación y una obsesión particular por la negociación. Donde otros veían una protesta que debía ser contenida, Camacho buscaba primero al interlocutor; donde aparecía una organización inconforme, quería saber quién podía sentarse a hablar por ella.

Ese estilo encontró afinidad con la experiencia que Martínez Álvarez había acumulado en Oaxaca.

En 1991 llegó a la Secretaría General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. No fue un salto repentino, sino una acumulación de responsabilidades que terminó colocándolo en el corazón político de la capital.

Y aquella capital hervía.

El comercio en vía pública había alcanzado dimensiones enormes. Las organizaciones de vendedores poseían dirigentes, territorios y capacidad de movilización. Los conflictos por vivienda seguían vivos. Los movimientos vecinales habían aprendido a negociar. El Distrito Federal comenzaba lentamente a exigir derechos políticos que todavía no tenía: sus habitantes no podían elegir directamente a quien gobernaba la ciudad y el presidente de la República continuaba designando al jefe del Departamento.

Martínez Álvarez quedó en medio de esa ciudad y del peculiar método político de Camacho.

Allí volvió a utilizar algo que había aprendido en Oaxaca: un conflicto no se desactiva necesariamente cuando una de las partes derrota a la otra. A veces la salida consiste en construir un espacio donde ambas descubran que prolongarlo resulta más costoso que negociar.

No debemos idealizar aquella política. El gobierno capitalino seguía disponiendo de una enorme concentración de poder y muchas decisiones continuaban tomándose desde arriba. Tampoco todos los conflictos terminaron mediante acuerdos. Pero el equipo de Camacho convirtió la negociación en una herramienta central de gobierno y Martínez Álvarez ocupó una posición desde la cual participó directamente en ese ejercicio.

Después vendría otro movimiento dentro del propio equipo. Camacho lo llevó a tareas de coordinación metropolitana, una responsabilidad que obligaba a mirar la ciudad más allá de sus límites administrativos. La mancha urbana ya desbordaba al Distrito Federal y se extendía hacia los municipios del Estado de México; transporte, agua, contaminación y crecimiento urbano ignoraban las fronteras dibujadas en los mapas.

Fue en ese tramo cuando una historia que había comenzado muchos años atrás en Oaxaca volvió a tocar su puerta.

El joven oaxaqueño que llegó desde España

Mucho antes de la política, había existido la contabilidad.

Cuando Jesús Martínez Álvarez comenzaba su vida profesional en Oaxaca, uno de los hombres que confió en aquel joven contador fue Nicolás Monteagudo, abuelo de Gabino Cué. No sólo fue cliente suyo: Martínez Álvarez recordaría muchos años después la generosidad con la que aquel hombre lo ayudó a conseguir nuevos clientes cuando apenas comenzaba a abrirse camino.

La vida tardó décadas en completar aquella escena.

Gabino Cué estudió en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente continuó su preparación en España. Al regresar a México buscaba comenzar una trayectoria profesional en el servicio público. Era 1992. Martínez Álvarez se encontraba entonces dentro del equipo de Manuel Camacho y el joven oaxaqueño terminó incorporándose como asesor.

No sabía todavía que estaba entrando a una relación que atravesaría buena parte de su propia vida política.

Cué tenía delante a un hombre que ya había recorrido casi todos los escalones del poder oaxaqueño. Martínez Álvarez, por su parte, encontraba frente a él al nieto de aquel antiguo cliente que lo había ayudado cuando apenas tenía un despacho de contabilidad y ninguna de las responsabilidades públicas que vendrían después.

No hace falta inventar conversaciones entre ambos. La coincidencia posee suficiente fuerza por sí misma.

Aquel joven comenzó a conocer desde dentro la administración pública en un equipo donde la negociación era parte cotidiana del oficio. En ese mismo entorno coincidieron otros personajes que después tendrían trayectorias políticas propias. El grupo de Camacho se había convertido en una escuela peculiar: convivían funcionarios experimentados, jóvenes operadores y políticos que pocos años después tomarían caminos completamente distintos.

Y sobre todos ellos estaba la enorme sucesión presidencial de 1994.

Camacho aspiró a convertirse en candidato presidencial del PRI. Carlos Salinas terminó inclinándose por Luis Donaldo Colosio. Aquella decisión alteró profundamente el futuro del camachismo y dispersó con el tiempo a muchos de quienes habían trabajado alrededor del regente.

Martínez Álvarez había encontrado en la Ciudad de México algo que Oaxaca no podía enseñarle: la política observada desde la cercanía del poder presidencial. Había visto funcionar a uno de los grupos más sofisticados del salinismo, había participado en el gobierno de una ciudad gigantesca y había acompañado a un hombre que llegó a imaginarse en la Presidencia de la República.

Pero quizá lo más importante de aquellos años no fue un cargo.

Fue una relación.

El joven asesor que regresaba de España seguiría su camino. Gabino Cué pasaría después por otras responsabilidades, volvería a Oaxaca y construiría una carrera propia. Jesús Martínez Álvarez también tomaría otra dirección. Durante años sus trayectorias avanzarían por caminos diferentes.

Hasta que Oaxaca volviera a juntarlos.

Para entonces, sin embargo, tendría que ocurrir algo que habría resultado difícil imaginar cuando Martínez Álvarez gobernaba el estado en 1985.

El PRI dejaría de ser su casa.

​

EL DÍA QUE CAMBIÓ DE BANQUETA

Romper con el partido que había sido su vida

Durante muchos años, separar la biografía política de Jesús Martínez Álvarez de la del PRI habría resultado casi imposible. No porque su historia fuera excepcional dentro de aquella generación, sino porque prácticamente todos los escalones importantes de su carrera habían sido recorridos dentro del mismo sistema: desde ahí gobernó Oaxaca de Juárez, llegó a la Secretaría General de Gobierno, obtuvo una diputación federal y terminó ocupando la gubernatura. El partido no había sido solamente el vehículo para alcanzar cargos; había sido el espacio donde aprendió a hacer política, construyó relaciones y entendió las reglas de una época.

Por eso su ruptura no puede reducirse a una fecha.

Cuando regresó de la experiencia en el Distrito Federal, encontró un Oaxaca distinto y también una estructura priista que había reorganizado sus propios equilibrios. Él ya había sido gobernador y había conocido el poder nacional desde la cercanía de Manuel Camacho Solís. No regresaba como un cuadro joven dispuesto a esperar pacientemente una oportunidad. Tenía historia propia, relaciones propias y una manera de entender la política que no necesariamente coincidía con los grupos que controlaban entonces al priismo oaxaqueño.

Durante los años siguientes se fue ensanchando la distancia. Oaxaca pasó del gobierno de Heladio Ramírez al de Diódoro Carrasco y después, en 1998, al de José Murat. Las generaciones cambiaban, aparecían nuevos liderazgos y las viejas lealtades ya no garantizaban espacios. Martínez Álvarez comenzó a quedar fuera de un centro de decisiones en el que alguna vez había ocupado prácticamente todos los lugares posibles.

Pero también estaba cambiando México.

En 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En 2000 ocurrió lo que durante décadas había parecido remoto: Vicente Fox ganó la Presidencia y terminó con la permanencia priista en Los Pinos. De pronto, abandonar al PRI ya no significaba necesariamente abandonar toda posibilidad de hacer política. El sistema que había cobijado la carrera completa de Martínez Álvarez había dejado de ser el único camino hacia el poder.

En 2001 tomó la decisión.

Renunció al PRI.

No necesitamos convertir aquella salida en una escena teatral que nadie presenció. Su significado estaba en todo lo que dejaba detrás. Martínez Álvarez no rompía con un partido en el que hubiera permanecido unos cuantos años. Se separaba de la organización dentro de la cual había transcurrido la mayor parte de su vida pública. Había conocido su fortaleza desde adentro y también había presenciado el comienzo de su desgaste.

El hombre que alguna vez gobernó Oaxaca bajo sus siglas comenzaba a caminar hacia la oposición.

La pequeña fuerza naranja

Convergencia por la Democracia ofreció a Martínez Álvarez una posibilidad distinta. El partido había sido construido bajo el liderazgo de Dante Delgado, otro político con raíces priistas que también había gobernado su estado —Veracruz— antes de romper con el partido de origen. Aquella coincidencia biográfica no era menor. Convergencia reunía a personajes procedentes de diferentes historias políticas y pretendía ocupar un espacio propio frente a las tres grandes fuerzas que dominaban entonces la competencia nacional.

Martínez Álvarez se incorporó a esa construcción y alcanzó responsabilidades importantes. Para 2003 su peso dentro de Convergencia era suficiente para encabezar a sus diputados federales.

Y entonces volvió a San Lázaro.

Habían pasado dieciocho años desde aquella primera llegada de 1985. En esa ocasión había ganado un distrito como candidato del PRI y apenas había alcanzado a comenzar la legislatura antes de pedir licencia para regresar a Oaxaca como gobernador. Ahora volvía por representación proporcional, bajo unas siglas distintas y en una Cámara que ya no se parecía demasiado a la que había conocido.

México tampoco era el mismo.

Vicente Fox gobernaba sin mayoría legislativa. El PRI seguía siendo una fuerza formidable y había recuperado la condición de primera bancada en la Cámara, pero ya no podía decidir solo. El PAN defendía al primer gobierno presidencial surgido de la alternancia; el PRD poseía una presencia considerable; y alrededor de ellos estaban el Verde, el Partido del Trabajo y Convergencia.

Ahí aparecía la paradoja de las bancadas pequeñas. Tenían pocos votos, pero eso no significaba que carecieran de voz. En una Cámara sin mayorías automáticas, un grupo reducido podía encontrar espacios de influencia si sabía negociar, mantenerse unido y aprovechar correctamente cada voto.

Martínez Álvarez entendía ese juego.

Desde el comienzo de la LIX Legislatura ocupó un lugar en la Junta de Coordinación Política junto a los dirigentes de las demás bancadas. En esa mesa estaban los personajes que tenían que convertir la pluralidad de quinientos diputados en acuerdos capaces de permitir que la Cámara funcionara. Convergencia llegaba con una representación diminuta frente a los grandes grupos, pero su coordinador se sentaba institucionalmente en la misma mesa donde se discutían la integración de comisiones, la agenda legislativa, las comparecencias y buena parte de los acuerdos que organizaban la vida cotidiana de San Lázaro.

Y no siempre guardó silencio.

En octubre de 2003, durante la complicada elección de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, Martínez Álvarez cuestionó desde la tribuna la lógica de cuotas con la que las fuerzas principales estaban intentando integrar al organismo. El episodio resulta revelador no porque Convergencia pudiera imponer su posición —no tenía los votos para hacerlo—, sino porque muestra la dificultad que él mismo señalaba: las propuestas de los partidos minoritarios podían quedar sepultadas cuando las fuerzas grandes decidían repartirse los espacios.

Era precisamente ahí donde la cohesión adquiría valor.

La bancada naranja podía ser pequeña, pero caminaba junta.

Y yo la veía desde la otra orilla.

El hombre que recuerdo en San Lázaro

Fue entonces cuando traté a Jesús Martínez Álvarez.

Yo era vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LIX Legislatura, bajo la coordinación de don Emilio Chuayffet. Nuestra bancada era la más numerosa de la Cámara; la de Convergencia cabía varias veces dentro de la nuestra. Pero San Lázaro tiene una particularidad que termina relativizando el tamaño de los grupos: tarde o temprano, quienes tienen responsabilidades de conducción necesitan encontrarse.

Martínez Álvarez era el coordinador de Convergencia y yo formaba parte de la conducción de la bancada priista. Coincidimos por esa razón en el trabajo parlamentario y tuve oportunidad de tratarlo durante aquellos años.

Mi recuerdo de él no está construido desde la intimidad ni quiero presentarlo ahora como una amistad que no fue. Lo recuerdo desde el lugar exacto en que nos conocimos: la política.

Y lo recuerdo bien.

Era un hombre inteligente, de muy buen trato, sereno. No necesitaba convertir una diferencia en un pleito para hacer valer su posición. No recuerdo en él los exabruptos que con tanta facilidad aparecen en la vida parlamentaria, donde una cámara, una tribuna o un micrófono pueden tentar a cualquiera a sustituir los argumentos por el espectáculo.

Había algo de su trayectoria en esa manera de conducirse. Para cuando coincidimos en San Lázaro, Martínez Álvarez ya había pasado por casi todo: había administrado una ciudad, atendido los conflictos de Oaxaca, gobernado el estado, conocido la política del Distrito Federal, trabajado con Manuel Camacho y abandonado el partido dentro del cual había construido su carrera. Difícilmente una discusión parlamentaria podía hacerle creer que el mundo comenzaba y terminaba en el salón de sesiones.

También recuerdo a su grupo.

Convergencia tenía pocos diputados, pero era una bancada cohesionada. Para un coordinador de una fuerza minoritaria aquello era fundamental. Los grandes grupos podían absorber diferencias internas y seguir teniendo cientos de votos; una bancada pequeña no podía darse ese lujo. Cada ausencia pesaba, cada discrepancia podía disminuir todavía más su capacidad de negociación y cada voto debía administrarse con inteligencia.

Martínez Álvarez sabía lo que representaba.

No intentaba comportarse como coordinador de una bancada que no tenía. Tampoco parecía acomplejarlo sentarse frente a quienes disponían de muchos más diputados. Conocía el tamaño de su fuerza y desde ahí negociaba.

Tal vez por eso guardo un recuerdo particularmente grato de aquel periodo. No porque siempre estuviéramos de acuerdo. Pertenecíamos a partidos distintos y ocupábamos responsabilidades distintas. Precisamente ahí estaba la riqueza de aquella convivencia: se podía disentir sin convertir al otro en enemigo.

Han pasado más de veinte años desde aquella Legislatura. Muchos nombres, discusiones, iniciativas y votaciones inevitablemente comienzan a confundirse en la distancia. Pero permanecen ciertas maneras de ser. A veces uno termina recordando de un político no el discurso que pronunció ni la votación que defendió, sino cómo entraba a una conversación, cómo escuchaba y qué ocurría cuando aparecía una diferencia.

De Jesús Martínez Álvarez me quedó eso.

La inteligencia sin necesidad de presumirla. El trato amable sin convertirlo en debilidad. La serenidad de quien podía defender una posición sin necesitar un golpe sobre la mesa.

Cuando terminó la LIX Legislatura en 2006, nuestros caminos políticos volvieron a separarse.

El suyo todavía guardaba una última paradoja.

Había dejado al PRI para caminar con Convergencia. Con el tiempo también terminaría alejándose de ese partido. Y cuando parecía que su historia en los grandes cargos públicos había quedado atrás, volvería a aparecer el nombre de aquel joven oaxaqueño que muchos años antes había llegado desde España para trabajar a su lado.

Gabino Cué estaba a punto de intentar lo que nadie había conseguido hasta entonces:

sacar al PRI del gobierno de Oaxaca.

Y Jesús Martínez Álvarez terminaría regresando con él.

VOLVER CUANDO OAXACA YA HABÍA CAMBIADO

También Convergencia dejó de ser su lugar

Jesús Martínez Álvarez terminó la LIX Legislatura en 2006 con una experiencia que parecía confirmar que había encontrado una segunda casa política. Después de romper con el PRI, Convergencia le había permitido regresar a San Lázaro, encabezar una bancada y participar nuevamente en las decisiones nacionales. Sin embargo, aquella relación tampoco sobrevivió.

La distancia había comenzado a crecer. Lo que Martínez Álvarez creyó que podía convertirse en una opción política diferente terminó decepcionándolo. Y en julio de 2009 decidió decirlo públicamente. No buscó palabras para suavizar su juicio: reconoció que se había equivocado al militar en Convergencia y cuestionó que detrás de aquella organización existiera el proyecto político que él había imaginado cuando se incorporó. Incluso dejó abierta una posibilidad que resultaba sorprendente después de su ruptura de 2001: si regresaba a la actividad partidista, podría hacerlo desde el PRI.

Era una vuelta inesperada, pero no llegó a consumarse de la manera que aquellas declaraciones parecían anticipar.

Su relación personal con Gabino Cué tampoco quedó atrapada en el rompimiento con Convergencia. Martínez Álvarez distinguió una cosa de la otra. Podía haberse desencantado del partido naranja sin trasladar automáticamente esa ruptura al hombre que muchos años antes había trabajado cerca de él en el Distrito Federal. La política había separado sus caminos; el conocimiento personal permanecía.

Y entonces llegó 2010.

Oaxaca llevaba décadas viendo cambiar los nombres de sus gobernadores sin que cambiaran las siglas del partido que los llevaba al poder. Gabino Cué decidió intentarlo nuevamente, ahora encabezando una alianza que parecía construida con piezas incapaces de convivir: PAN, PRD, Convergencia y PT. La derecha y la izquierda se encontraron alrededor de un objetivo común: terminar con la permanencia del PRI en el gobierno estatal.

El 4 de julio ocurrió.

Cué derrotó a Eviel Pérez Magaña.

Por primera vez en muchas décadas, Oaxaca tendría un gobernador surgido de una fuerza distinta al PRI.

Y para Martínez Álvarez aquella victoria contenía una ironía que sólo podía construir el tiempo. El muchacho que había llegado desde España para colaborar con él en el gobierno capitalino estaba a punto de ocupar el mismo despacho que él había ocupado veinticinco años antes.

La alternancia que parecía imposible

Martínez Álvarez recibió el triunfo de Gabino Cué con esperanza. Habló de reconciliación y se mostró dispuesto a colaborar sin exigir una posición. Había alcanzado ya casi todos los cargos que podían seducir a un político oaxaqueño; no necesitaba inventarse una nueva carrera.

Pero terminó regresando al servicio público.

Primero asumió la representación del Gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México. Era un espacio lógico para alguien que conocía los dos mundos: podía hablar desde Oaxaca y sabía moverse en la capital del país. Sin embargo, aquella responsabilidad duraría poco porque en agosto de 2011 una crisis dentro del propio gobierno de Cué volvió a mover las piezas.

Irma Piñeyro dejó la Secretaría General de Gobierno denunciando interferencias que dificultaban el ejercicio de sus responsabilidades. El problema era serio. La administración que había llegado prometiendo una nueva forma de gobernar comenzaba a descubrir que una coalición electoral podía ganar junta y, al mismo tiempo, tener enormes dificultades para gobernar junta.

Cué recurrió entonces a su antiguo jefe.

El 10 de agosto de 2011 Jesús Martínez Álvarez tomó protesta nuevamente como secretario general de Gobierno.

La escena tenía una profundidad histórica difícil de ignorar. Habían transcurrido aproximadamente tres décadas desde la primera vez que ocupó aquella responsabilidad con Pedro Vázquez Colmenares. La primera había llegado como un hombre formado dentro del PRI hegemónico; la segunda, llamado por el gobernador que acababa de terminar con esa hegemonía.

Casi todo alrededor había cambiado.

El país tenía elecciones competidas. Los gobernadores ya no dependían de un presidente perteneciente necesariamente a su mismo partido. Oaxaca había vivido el levantamiento social de 2006, la APPO, una confrontación magisterial que había dejado cicatrices profundas y una elección histórica que había enviado al PRI a la oposición. Las organizaciones sociales poseían mayor capacidad de presión y la Sección 22 se había convertido en un actor imposible de ignorar.

Martínez Álvarez regresó a una oficina conocida, pero el Oaxaca que encontró ya no era el mismo.

Y tampoco lo era el poder que tenía detrás.

Apenas unos meses después de su llegada, la Sección 22 acordó desconocerlo como interlocutor y exigió su salida. Los Chimalapas entraron nuevamente en tensión por la vieja disputa territorial con Chiapas. Municipios, transportistas, normalistas, organizaciones sociales y conflictos agrarios mantenían a la Secretaría en una negociación permanente.

En Chimalapas mostró quizá su posición más firme. La creación por Chiapas del municipio de Belisario Domínguez sobre territorio reclamado históricamente por las comunidades zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa llevó el conflicto a otro nivel. Martínez Álvarez asumió la defensa de la posición oaxaqueña, participó en negociaciones para disminuir la tensión en la zona y el gobierno estatal terminó llevando la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Había regresado al oficio que conocía mejor: sentarse frente al conflicto.

Pero esta vez comenzó a descubrir que algunos de los problemas más difíciles no estaban afuera.

Estaban dentro del propio gobierno.

La última Secretaría y una renuncia que dijo demasiado

La coalición que llevó a Gabino Cué al gobierno había conseguido reunir electoralmente aquello que parecía irreconciliable. PAN, PRD, Convergencia y PT compartieron candidato porque coincidían en la necesidad de derrotar al PRI. Ganar resolvió aquella pregunta.

Después apareció otra mucho más difícil:

¿cómo gobernar juntos?

Los distintos grupos que habían contribuido al triunfo reclamaban espacios, defendían funcionarios, construían parcelas de influencia y mantenían relaciones propias con organizaciones políticas y sociales. La pluralidad que había hecho posible la victoria comenzó a complicar la operación cotidiana del gobierno.

Martínez Álvarez estaba precisamente en la Secretaría encargada de impedir que los conflictos desbordaran al Ejecutivo. Para desempeñar esa función necesitaba algo elemental: capacidad para negociar hacia afuera y autoridad suficiente para conseguir que los acuerdos fueran respetados hacia dentro.

Con el tiempo comenzó a sentir que la segunda estaba desapareciendo.

Las diferencias con otros integrantes del gabinete dejaron de ser discretas. Hubo desencuentros públicos, particularmente alrededor del manejo de determinados conflictos y de la actuación de áreas cuya participación resultaba indispensable para cumplir los acuerdos construidos desde Gobernación. Martínez Álvarez empezó a encontrarse en una situación políticamente insostenible: podía sentarse durante horas para desactivar un problema y descubrir después que decisiones tomadas dentro del mismo gobierno volvían a encenderlo.

Para un hombre formado durante décadas en la negociación, aquello tocaba el centro mismo de su función.

El 13 de abril de 2013 terminó la historia.

Presentó a Gabino Cué su renuncia irrevocable.

No fue una despedida protocolaria. Martínez Álvarez dejó claro que consideraba indispensable que un secretario general de Gobierno tuviera la confianza completa del gobernador y que él había llegado a la conclusión de que no contaba con ella en la medida necesaria. También señaló la existencia de intereses internos que intervenían en conflictos que podían estar resueltos o encaminados y terminaban reactivándolos.

No acusaba a la oposición.

Hablaba de adentro.

Y ahí estaba quizá la contradicción más dolorosa del primer gobierno de alternancia. Habían conseguido derrotar al sistema que durante décadas concentró el poder, pero la pluralidad que hizo posible esa victoria también podía convertirse en fragmentación cuando llegaba el momento de ejercerlo.

Martínez Álvarez conocía perfectamente la diferencia.

Había ocupado la Secretaría General de Gobierno cuando el PRI controlaba prácticamente todo el tablero político oaxaqueño. Había vuelto a la misma oficina treinta años después, cuando ningún partido podía controlarlo por sí solo. Había conocido el exceso de concentración y ahora conocía las dificultades de la dispersión.

Ninguno de los dos extremos garantizaba gobernabilidad.

Su salida tuvo además una dimensión personal inevitable. Gabino Cué no era simplemente el gobernador que había firmado su nombramiento. Era aquel joven al que había conocido desde antes de que comenzara su carrera, el nieto de un hombre ligado a sus primeros años profesionales, el muchacho que había trabajado a su lado en la Ciudad de México.

Ahora renunciaba a su gobierno.

No necesitamos inventar una ruptura sentimental para darle fuerza a la escena. La política proporciona suficiente material: el antiguo jefe había regresado para colaborar con quien alguna vez fue su joven asesor, y menos de dos años después concluía que ya no tenía las condiciones necesarias para seguir siendo responsable de la política interior.

Cuando Martínez Álvarez salió de la Secretaría en abril de 2013 tenía sesenta y ocho años.

Esta vez no había otra diputación esperándolo.

No había una gubernatura al final del pasillo.

Tampoco otro partido al que necesitara llegar.

Había pasado suficiente tiempo dentro del poder para comenzar a mirarlo desde afuera.

Y quizá sólo entonces pudo observar completo el extraño recorrido de su propia vida: había gobernado con el PRI, roto con el PRI, representado a una oposición, desencantado también de ella y regresado al gobierno acompañado por quienes finalmente habían conseguido la alternancia.

Le quedaban todavía trece años de vida.

Tiempo suficiente para mirar lo que ocurrió después y preguntarse cuánto había cambiado realmente aquella política a la que entregó buena parte de la suya.

CUANDO EL PODER QUEDÓ DETRÁS

La libertad de no necesitar otro cargo

Abril de 2013 abrió para Jesús Martínez Álvarez una etapa distinta. Esta vez no había una campaña esperando, una responsabilidad inmediata ni un nuevo espacio partidista hacia el cual caminar. A los sesenta y ocho años podía hacer algo que no siempre resulta sencillo después de una vida entera dentro de la política: seguir participando sin necesitar un nombramiento para hacerse escuchar.

No desapareció. Cambió el lugar desde donde hablaba. La distancia de las oficinas le permitió intervenir sin la obligación de justificar las decisiones de un gobierno ni defender posiciones colectivas. Conservó una atención particular sobre Oaxaca y sobre asuntos que conocía directamente. Entre ellos permaneció Chimalapas, la larga controversia territorial con Chiapas que había atendido como secretario general de Gobierno y que continuó considerando un asunto fundamental para la defensa del territorio oaxaqueño.

Los años fueron liberando su palabra de las ataduras naturales del ejercicio público. Ya no tenía detrás una bancada, una estructura administrativa ni la responsabilidad de alcanzar un acuerdo antes de que terminara el día. Podía observar, disentir y señalar aquello que consideraba equivocado desde la experiencia acumulada durante décadas.

En 2024, ya con ochenta años, volvió a intervenir en una de las grandes discusiones nacionales: la reforma al Poder Judicial. Expresó su preocupación por los contrapesos institucionales y por las consecuencias que podía tener una transformación de esa magnitud sobre el equilibrio entre los poderes. Más de medio siglo después de sus primeros pasos en la administración pública, seguía interesado en el funcionamiento de las instituciones y en los límites que debían acompañar al ejercicio de la autoridad.

Había llegado a una edad política poco frecuente: aquella en la que ya no era necesario calcular cada palabra pensando en el siguiente cargo. Su historia estaba hecha. Lo que dijera podía nacer simplemente de aquello que pensaba.

Lo que medio siglo le permitió comprender

Oaxaca había sido su gran escuela. No únicamente porque allí comenzó su carrera, sino porque pocas tierras obligan tanto como ésta a desconfiar de las soluciones fáciles. Martínez Álvarez había conocido un estado donde la distancia entre dos comunidades puede medirse en kilómetros y la diferencia entre ellas puede tener siglos; donde un problema agrario puede sobrevivir a varias generaciones de gobernadores y donde una elección municipal puede despertar agravios mucho más antiguos que los candidatos que aparecen en la boleta.

Con los años aprendió que tener facultades legales no significa poseer automáticamente autoridad política. Un nombramiento permite ordenar; conseguir que una decisión sea aceptada requiere algo distinto. Ahí entraban el conocimiento de los actores, la paciencia, la palabra empeñada y, sobre todo, la capacidad para descubrir quién podía realmente construir un acuerdo y quién solamente ocupaba temporalmente una silla.

También conoció los límites de ese método. No todo puede negociarse y no toda conversación termina en entendimiento. Juchitán se lo había mostrado desde los años ochenta; Chimalapas volvió a recordárselo tres décadas después. Algunos conflictos se transforman, cambian de protagonistas y sobreviven a quienes alguna vez intentaron resolverlos. El poder puede contenerlos durante un tiempo, pero pocas veces consigue borrar las razones profundas que los originaron.

Su experiencia le permitió conocer además dos riesgos diferentes. Vivió la época en que una sola fuerza política concentraba prácticamente todas las decisiones importantes y regresó al gobierno cuando la alternancia distribuyó el poder entre grupos que habían conseguido unirse para ganar, pero no siempre para gobernar. Había visto los problemas de la concentración y también los de la fragmentación. Entre ambos extremos permanecía la misma necesidad: construir autoridad suficiente para hacer posible el acuerdo.

Tal vez ahí estaba una parte esencial de su manera de entender la política. No en la idea romántica de que todo conflicto puede resolverse sentándose a conversar, sino en algo más difícil: saber cuándo hablar, con quién hacerlo, qué puede concederse, qué debe defenderse y en qué momento un acuerdo deja de ser posible.

Los últimos años lo encontraron mirando esa política desde otra distancia. Ya no tenía que ganar una elección, preservar una coalición ni cuidar la disciplina de una bancada. Había llegado al punto en que la experiencia podía expresarse sin pedirle permiso al futuro.

Y entonces llegó este viernes.

El viernes que terminó una larga conversación

Este 21 de agosto de 2026 murió Jesús Emilio Martínez Álvarez. Tenía ochenta y un años.

La noticia hizo regresar nombres, lugares y momentos que el tiempo había ido colocando en distintos rincones. La muerte tiene esa extraña capacidad: modifica de golpe la distancia. Lo que parecía remoto vuelve a sentirse cercano y algunos encuentros que habían quedado guardados durante años recuperan inesperadamente sus voces.

En mi caso, uno de esos lugares es San Lázaro.

Coincidimos en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Yo era vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI y Jesús Martínez Álvarez coordinaba a los diputados de Convergencia. Nuestras responsabilidades hicieron que nos tratáramos durante aquellos años, en una Cámara donde ninguna fuerza podía decidir por sí sola y la conversación entre bancadas formaba parte indispensable del trabajo político. De ese tiempo conservo un grato recuerdo suyo.

Lo recuerdo inteligente, sereno, afable en el trato. Conducía una bancada pequeña pero cohesionada y sabía defender sus posiciones sin necesidad del exabrupto. Había recorrido demasiado en la política como para creer que levantar la voz equivalía a tener razón. Escuchaba, argumentaba y podía sostener una diferencia sin transformar al interlocutor en enemigo.

Más de veinte años han pasado desde aquella Legislatura. El salón de sesiones siguió llenándose, las curules cambiaron de ocupantes, llegaron otros coordinadores, desaparecieron algunas fuerzas y surgieron otras. Aquellas jornadas que entonces parecían ocuparlo todo fueron convirtiéndose en historia. Sin embargo, algunos rasgos permanecen asociados a las personas mucho después de que se olvidan las discusiones concretas. De Jesús Martínez Álvarez me quedó precisamente esa impresión: la de un político que conocía el peso de la palabra y no necesitaba acompañarla con estridencia.

Hoy esa imagen tiene otro significado.

La política suele construir alrededor de los cargos una apariencia de permanencia. Durante un tiempo parece que determinadas oficinas, personajes y decisiones son el centro de todo. Después llega otra generación, cambia los nombres de las puertas, ocupa los escritorios y comienza nuevamente la historia. El poder continúa. Quienes lo ejercieron, no.

Por eso una muerte termina colocando las cosas en su verdadera dimensión. Los cargos explican una trayectoria, pero no alcanzan a contener una vida. Los nombramientos tienen fecha de inicio y de término; la impresión que dejamos en quienes alguna vez caminaron a nuestro lado obedece a otro calendario.

Jesús Martínez Álvarez tuvo una vida marcada por los regresos. Cuando una etapa parecía concluida, el camino encontraba alguna manera de devolverlo a la política. Salió de Oaxaca y volvió para gobernarla. Dejó tempranamente San Lázaro y muchos años después regresó desde otras siglas. Cuando los grandes cargos parecían definitivamente atrás, Oaxaca volvió a llamarlo para participar en el primer gobierno de alternancia.

Siempre había otra puerta.

Siempre quedaba alguna conversación pendiente.

Siempre parecía existir un camino de regreso.

Hasta este viernes.

Esta vez no habrá una llamada que vuelva a convocarlo, ni una mesa donde espere otro conflicto, ni una curul desde la cual pedir la palabra. Quedarán sus decisiones para ser juzgadas por la historia, sus aciertos y sus errores, las batallas que pudo resolver y aquellas que quedaron abiertas. Y quedará también algo que ninguna fotografía oficial consigue conservar: la huella personal que dejó en quienes tuvieron oportunidad de tratarlo.

Hoy Oaxaca despide a Jesús Martínez Álvarez.

Y quienes alguna vez compartimos con él un tramo del camino sabemos que, detrás del gobernador, del diputado, del secretario y del dirigente, se ha ido también un hombre que supo hacer de la política un espacio donde todavía era posible disentir sin dejar de respetarse.

Después de tantos regresos, esta vez la ausencia es definitiva.

Descanse en paz, Jesús Martínez Álvarez.

​

(By operación W).